Nos declaramos en estado de alerta. Rechazamos de manera contundente la modificación de la Ley de Inteligencia por DNU. ES INCONSTITUCIONAL: no existe ninguna necesidad ni urgencia que justifique avanzar por decreto sobre derechos y garantías democráticas.

Otorgar a la SIDE facultades ampliadas, incluida la posibilidad de detener personas, constituye un grave retroceso democrático y un avance peligroso sobre las libertades individuales. La inteligencia estatal no puede transformarse en una fuerza con atribuciones policiales ni actuar sin control efectivo del Congreso.

Este decreto vulnera la división de poderes, elude el debate democrático y habilita un esquema de vigilancia y persecución incompatible con el Estado de Derecho. La historia de nuestro país demuestra que cada vez que se concentra poder en los organismos de inteligencia, quienes pagan el costo son las organizaciones sociales, sindicales y políticas que luchan por derechos.

Desde el movimiento sindical advertimos con claridad: MÁS INTELIGENCIA SIN CONTROL NO ES MÁS SEGURIDAD, ES MENOS DEMOCRACIA.

Por eso nos declaramos en estado de alerta, exigimos la inmediata derogación del DNU y la apertura de una discusión pública, parlamentaria y transparente sobre cualquier reforma que afecte derechos, garantías constitucionales y la libertad de organización.