Por cada pequeña batalla que ganamos, por cada genocida que es condenado y va a parar con sus huesos a la cárcel, repetimos: ¡30000 compañeros desaparecidos, presentes! Por los derechos que aún no hemos conquistado y por los que seguimos luchando, repetimos: ¡30000 compañeros desaparecidos, presentes!
Esta semana asistimos a hechos que marcan un hito en nuestra historia y forman parte de las pequeñas- grandes victorias de la lucha popular.
Después de veinticinco años de la primera sentencia que condenó a Videla, y tras las leyes de impunidad que habilitaron a que los genocidas se mantuvieran en libertad, el Tribunal Oral Nº 1 de Córdoba dispuso su condena a cadena perpetua en cárcel común.Una idéntica condena - la quinta- volvió a recibir Luciano Benjamín Menéndez. Ese mismo día, en la ciudad de Salta, eran condenados a prisión perpetua tres coroneles que participaron del fusilamiento de once presos políticos en lo que se conoce como la Masacre de Las Palomitas. El juez que atiende la causa deberá determinar en qué condiciones se cumple esta condena. El día anterior, en Mar del Plata, recibían condenas a cadena perpetua tres integrantes de la Marina. El 18 de febrero se conocerá la modalidad en que la cumplirán. Simultáneamente, en Buenos Aires, eran condenados con penas que van de cadena perpetua a veinticinco años, 16 represores que actuaron en el circuito de los campos de concentración Atlético- Banco- Olimpo. De los 17 imputados, uno solo fue absuelto. En el caso de Córdoba, de los 31 imputados, quince recibieron la condena a cadena perpetua, siete a penas que van de seis a catorce años, seis fueron absueltos y un civil fue apartado de la causa.
Tras casi tres décadas de lucha, logramos que en el año 2003 el gobierno nacional impulsara la anulación de las leyes de impunidad y que esta medida se mantuviera a través de los juicios durante todos estos años. No fueron pocas las presiones y ataques que recibimos, desde la desaparición de Julio López, al asesinato de Silvia Suppo, sumado a las permanentes amenazas que sufren testigos y querellantes.
Valoramos esta decisión, que estuvo precedida por la larga e inquebrantable batalla que dimos desde los organismos de derechos humanos y las organizaciones del campo popular, en la que las marchas, los escraches, las denuncias ante organismos internacionales, y la enseñanza de la historia en las aulas, ayudaron a sembrar conciencia en nuestra sociedad. Valoramos cada uno de los juicios que se están sustanciando, en cuyas audiencias, con verdadero estoicismo, nuestros compañeros tienen que soportar el peso de los alegatos de los asesinos, que destilan odio y muerte, y que son permitidos como parte de las reglas de juego de la democracia, en donde no se le niega la palabra a nadie. Esa palabra que ellos siempre nos negaron y quisieron acallar en su momento con crímenes y tortura.
Sin embargo, decimos que con esto no alcanza. Como bien queda demostrado a través de los fallos a algunos represores, la justicia no es pareja, y las condenas a cárcel común, perpetua y efectiva que venimos reclamando para todos, no siempre encuentran eco en la justicia, que en muchos casos actúa como cómplice.
La lentitud en los procesos judiciales y el desdoblamiento de las causas también contribuyen a que un porcentaje ínfimo de genocidas terminen sentados en el banquillo, como ocurre en nuestra ciudad con la causa Genaro Díaz Bessone (ex causa Feced), en la que además de ser juzgados sólo el 5% de los crímenes cometidos en el Servicio de Informaciones (ex Jefatura), de los seis imputados, solamente uno tiene prisión domiciliaria y el resto goza del beneficio de la libertad.
Tampoco están siendo juzgados los cómplices civiles de las dictadura: miembros de la Iglesia, el Poder Judicial y empresas multinacionales y nacionales, entre las que se encuentran bancos, fábricas automotrices, entidades como la Sociedad Rural y medios de prensa que alentaron y saludaron el golpe y falsearon sistemáticamente la información.
Los crímenes de la Triple A cometidos durante los años 1973 a 1976, cuyos integrantes se incorporaron posteriormente a los grupos de tareas de la dictadura y que fueron reconocidos como de lesa humanidad, no han encontrado hasta ahora la debida justicia.
La plena vigencia de los derechos humanos es una asignatura que sigue pendiente en nuestro país.
Mientras no se juzgue y condene a los asesinos de ayer y de hoy; mientras se mantengan impunes los crímenes de diciembre de 2001, los asesinatos de Maxi y Darío, el de Carlos Fuentealba, el de Silvia Suppo, el de Mariano Ferreyra, el de Roberto López-integrante de la comunidad Quom de Formosa-; mientras sigamos marchando por la aparición con vida de Julio López y el castigo a los responsables de su secuestro; mientras no se encarcele a los responsables políticos de cada uno estos hechos; mientras el gatillo fácil y la cárcel sean la práctica cotidiana sobre los sectores más postergados de la sociedad a quienes se les niega los derechos elementales; mientras haya presos y procesados por luchar; mientras el trabajo, la salud, la vivienda, la educación y la recreación sean patrimonio de un grupo reducido; mientras se persista en un sistema que se asienta en las desigualdades sociales, no habrá plena vigencia de los derechos humanos.
Por cada pequeña batalla que ganamos, por cada genocida que es condenado y va a parar con sus huesos a la cárcel, repetimos: ¡30000 compañeros desaparecidos, presentes! Por los derechos que aún no hemos conquistado y por los que seguimos luchando, repetimos: ¡30000 compañeros desaparecidos, presentes!